La discusión institucional sobre la aceptación de fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas Dionisio (YMAD) pone a la palestra: cuál es la universidad pública que construimos.

Por un lado debatir la recepción de los montos dinerarios hace partir desde un escenario donativo empresarial que, puede entenderse, como expresión caritativa de quien comparte lo que le sobra. Nada más erróneo. Por el otro nos obliga cuestionarnos, en tanto ámbito público-estatal, acerca de la procedencia de nuestro sostén económico.

La producción minera actual tiene dos inscripciones en la historia inmediata: primero, forma parte de las transformaciones socio-políticas-económicas de la última década del siglo XX en nuestro país y, segundo, su forma extractiva es de altísimo impacto socio-ambiental. Decíamos que obedece al marco regulatorio dispuesto desde los 90 en la Argentina pero, cabe agregar, también fue confirmado el rumbo en todas las gestiones posteriores, en aquella oportunidad la plataforma legal fue asesorada por el Banco Mundial para las reformas regulatorias a fin de estimular la inversión extranjera en materia de minería en el país (PASMA, Programa Asistencia Minera Argentina). Además se implementó una legislación de facilitación fronteriza pensada, fundamentalmente, en las riquezas metal-mineras andinas. Específicamente el capital transnacional inversor se benefició con: estabilidad fiscal por treinta años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias, exención al descubridor del yacimiento del pago del canon por tres años, la no obligación de liquidar divisas en el país, etc. En el período 1992-1998 las empresas extranjeras pasan de ser 4 a ser 80, el estado nacional opera desde una tríada: la promoción en tanto imán de inversiones (la Argentina es el sexto país mundial en riquezas mineras cuyo 75% no está explotado), el ordenamiento territorial interconectado (IIRSA y Plan de Ordenamiento Territorial 2016) y la gestión institucional. Todo un andamiaje institucional puesto al servicio del capital transnacional que desarrolla la extracción del metal-mineral de un modo destructivo, contaminante, concentrado y de neto corte expoliador.

Los minerales no existen, en su mayoría, en betas dentro de las galerías subterráneas, hoy aparecen diseminados en las montañas lo cual hace que para su extracción sea preciso la voladura de las mismas. De aquí la dimensión destructiva. Una vez obtenido “el material” se procede al lavado con sustancias químicas, lixiviado, tales como cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, etc., para, así, disolver el metal del mineral que los contiene. Luego se procede al lavado de los mismos con el uso a gran escala del agua. En el caso de la unión transitoria de empresas para la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, la elocuencia está en las cifras: es el principal emprendimiento de la Argentina, en ejecución, de explotación a cielo abierto de un concentrado polimetálico, con una dimensión de 2.000 metros de diámetro por 800 metros de profundidad, un dique de colas (para el lixiviado) con una superficie de 2,5 kilómetros donde se depositan barros residuales de la primera planta de procesamiento. Requiere de más de 100.000 kilos de un explosivo de alto orden (ANFO) que consiste de una mezcla de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo, desde gasolinas hasta aceites de motor. A Bajo La Alumbrera le fue concedido un permiso para extracción de 1.200 litros de agua por segundo, es decir 100 millones de litros al día), el consumo energético equivale al 170% de la provincia de Catamarca y al 87% de Tucumán. Entre algunas de las consecuencias territoriales se puede citar: roturas y derrames del mineraloducto (con la consecuente contaminación medioambiental) , denuncias de la comunidad diaguita de Tafí del Valle por deforestación, contaminación del aire por radiación, destrucción de cementerios indígenas par a la construcción del electroducto, denuncia por enterramientos clandestinos de minerales, denuncias de contaminación del dique frontal de Termas de Río Hondo, denuncias ante la Justicia Federal en Tucumán por contaminación a causa de derrames del mineraloducto y el vertido de efluentes líquidos de una planta de filtrados en Tucumán, lo cual derivó en “el caso Rooney”, procesamiento del vicepresidente de de Minera La Alumbrera tras comprobarse en los propios informes de impacto ambiental confeccionados por la empresa a solicitud de Gendarmería Nacional que los vertidos poseen sustancias químicas por encima de los niveles permitidos en la ley de Residuos Tóxicos; se puede sumar también la publicación de la tesis del ingeniero Héctor Nieva donde constata la filtración del dique de colas con el riesgo inminente de contaminación de la cuenca del río Vis Vis-Amanao.

Existe una clara intencionalidad de reprimarización de nuestras economías, con un Estado activamente ausente del proceso productivo, a la vez que inmersos en un proceso expropiatorio del territorio, de sus recursos y, por consiguiente, de sus identidades lo cual puede considerárselo como una producción colonial de identidades con una clara alienación territorial, la expropiación de la diversidad territorial lleva a la desintegración de los espacios productivos locales y los transforma en lugares monoculturales. Esta lógica acumulativa por la vía de la desposesión se asienta en una biopolítica de la expropiación mediante la producción y regulación de los territorios.

Sin embargo el panorama parece aún más complejo. Tanto el Estado (más claro en los distritos provinciales de Catamarca, San Juan y La Rioja) por cuanto las estrategias comunicacionales desarrolladas por las empresas transnacionales están enfocadas a legitimarse con todo tipo de herramientas, una de ellas es el aporte a la educación superior. La educación superior tampoco es ajena a los 90, la universidad –en particular- adquirió un nuevo rol en función no del pueblo sino del mercado, esas profundas modificaciones actuaron en el plano objetivo (de la institución) y subjetivo (de sus protagonistas). Se infiere la acción de un Estado que regula y organiza la división internacional del trabajo académico-científico, con un acelerado proceso de desapropiación de lo público, mercantilización del conocimiento en función del interés del desarrollo nacional, atado al interés de la inversión privada global.

Será momento de reivindicar el presupuesto genuino de la educación superior en los circuitos correspondientes, y no echar mano a fondos que vienen teñidos del “verde” internacional con ínfulas extorsivas, y de la sangre de los hermanos campesinos, indígenas esclavizados por el orden colonial de antaño y ahora con la anuencia de vastos sectores intelectuales funcionales a los intereses de la clase dominante. El presupuesto universitario es insuficiente, la lucha por un incremento del mismo la debemos dar todos y no ser cómplices (directos o indirectos, activa o pasivamente) del neocoloniaje imperial.

El desafío como clase trabajadora está en la disputa por un apoyo decidido a la justicia ambiental, en sus diferentes maneras de organización social con más de sesenta grupos nucleados en la Unión de Asambleas Ciudadanas, o más conocida como ecología popular, donde los conflictos ambientales están relacionados directamente con la reproducción globalizada del capital, la desigualdad social y la división internacional y territorial del trabajo. Así de tajante para no abdicar tras el discurso hegemónico de las corporaciones de la minería responsable, de la responsabilidad social empresaria, del desarrollo sustentable o las industrias limpias.

Lo que diferencia las luchas son las pretensiones discursivas retóricas con las políticas públicas implementadas, evidentemente que el Estado está en pugna, como siempre lo está, en la decisión de la actual coyuntura estará nuestra posición en el escenario de confrontación.

Es decir, la decisión sobre la procedencia de los fondos para la utilización en el sistema de educación superior supera cualquier preocupación ecológica, sino que debe ubicarse en el plano de los circuitos habilitados constitucionalmente para que las Universidades posean los presupuestos acordes con su funcionamiento, con las necesidades del país escondido, negado y expoliado. Las luchas deben llevarse adelante en los organismos correspondientes por eso rechazamos enérgicamente cualquier intento extorsivo de quienes defienden un modo de producción excluyente, depredador y concentrador de riquezas.

No a los fondos de YMAD.

Mayor presupuesto educativo.