Nota presentada al Consejo Superior

Río Cuarto, 1 de septiembre de 2009

Al Sr Rector de la
Universidad Nacional de Río Cuarto
Ingeniero Oscar Spada
S / D


De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio al Consejo Superior de la UNRC, con el objetivo de hacerle llegar nuestra más profunda preocupación por la aceptación por parte del Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales (CIN) de los fondos, asignados por la ley 14.771, provenientes de la empresa ?La Alumbrera?, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca.

Nuestro premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel sostiene que:

?Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias, y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes); la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras.
Además, como lo destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba,?hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades?. Así, lo más alarmante es que esta empresa no haya sido obligada a suspender sus actividades, aún cuando su vice-presidente Julián Patricio Rooney está siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, es el primer fallo contra una multinacional minera por delito ambiental, y una importante oportunidad para luchar contra la impunidad en materia ambiental. Cabe destacar que esta causa se inició en abril de 1999, y, sin la intervención y la perseverancia del Fiscal General de la Cámara Federal de Tucumán, hubiera continuado paralizada mucho años más. El fallo se apoya en pruebas contundentes sacadas de los informes de impacto ambiental de la empresa misma, demostrando la contaminación de las aguas del canal de desagüe DP2, donde se vierten los efluentes de la planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera. Ya en 2007, un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación detallaba los graves impactos ambientales causados por esta mina?. Carta al CIN del 11 de agosto de 2009.

Citamos a Pérez Esquivel por su fortaleza ética y su compromiso por la paz en el mundo y en particular en nuestro país; paz que se ve amenazada no sólo por los conflictos bélicos, sino también por la guerra declarada al ambiente, y por ende a la vida humana, por una práctica de producción justificada desde una ?racionalidad? instrumental que pone a la ganancia y a la mercancía como valor supremo por encima de la vida.

Hoy en Argentina son miles las voces que alertan sobre la degradación del ambiente y por haber instalado como horizonte de la ?geografía humana? la enfermedad y la muerte. Entre estas voces se sitúan numerosos intelectuales que, reafirmando la vida, rechazan la voracidad de una práctica productiva justificada desde una racionalidad instrumental que sitúa al ambiente y por ende a la vida humana en el plano de la mercancía, de la ?cosa?, de lo ?manipulable?. ¿O acaso no hemos padecido nosotros mismos esta racionalidad instrumental que soslaya la vida humana?.

Es serio y preocupante que la Universidad Argentina Pública acepte fondos de la megaminería sospechada de instalar prácticas de destrucción del medio ambiente. Y más serio aún que se pudiesen aceptar los fondos a condición de que se investigue sobre los posibles efectos contaminantes de tal actividad.

Nos preguntamos entonces, ¿qué tipo de autonomía intelectual, qué clase de mirada crítica y qué fortaleza en la ética podemos sostener si quienes están sospechados por la justicia por contaminación son los mismos que destinan los fondos para que nosotros podamos determinar si la sospecha es justificada o no?.

A propósito del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa al Premio Nóbel de la Paz Pérez Esquivel, citamos textualmente la posición institucional de la UNRC (ver página web http://www.unrc.edu.ar/unrc/institucional_honoris_causa.htm):
La Universidad Nacional debe emitir mensajes claros y orientadores sobre los caminos que deben seguirse para alcanzar la construcción de una mejor sociedad donde la justicia, la solidaridad, el bienestar y la alegría sean patrimonio de todos. Como una manera de alcanzar este propósito la UNRC ha distinguido con el título de Doctor Honoris Causa a personalidades prestigiosas y relevantes que supieron abrir horizontes intelectuales superadores y trascendentes escapando a los accidentes circunstanciales de la vida y que han descollado en sus respectivos quehaceres, y son referentes y paradigmas innegables en nuestros días, al haber señalado rumbos en el pensamiento, la investigación, el arte, la educación, organización social y la cultura tanto nacional como del mundo.


Esperamos que este consejo ratifique estas "posiciones claras" y que se otorgue la máxima distinción que una universidad puede formular no por razones formales sino porque está convencida de los valores que sostienen los premiados.

Es por lo expuesto que solicitamos que la Universidad Nacional de Río Cuarto rechace los fondos provenientes de la empresa YMAD y se solicite al CIN que revierta su actitud de aceptar los fondos de la megaminería. En todo caso, es el gobierno nacional quien debe determinar y hacerse cargo de las consecuencias de permitir que la mega minería opere en nuestro país.


Un saludo fraterno, Comisión Directiva de la AGDUNRC.